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Ante el Procurador Regional de La Guajira, Carlos Arturo Ramírez Hincapie, la alcaldesa de Villanueva, Claudia Gómez Ovalle, se ratificó en la denuncia que instauró contra el concejal que habría exigido 5 millones de pesos a cambio de entregar facultades para que la administración contratara la construcción de una piscina semiolimpica.
Indicó que Luis Alfonso Maestre Brochero
le solicitó una audiencia en su casa y le dijo que necesitaba que fuera testigo
de una llamada telefónica que iba a realizarle al concejal Juan Carlos Olivella
Rodríguez en dónde éste le exige por tercera vez un dinero cambio de entregarle
facultades.
le solicitó una audiencia en su casa y le dijo que necesitaba que fuera testigo
de una llamada telefónica que iba a realizarle al concejal Juan Carlos Olivella
Rodríguez en dónde éste le exige por tercera vez un dinero cambio de entregarle
facultades.
“Le llamó, le puso el alta voz, grabó la
llamada y yo la escuché”. Esta es la prueba
reina en este proceso disciplinario que la Procuraduría posee contra el
concejal Juan Carlos Olivella Rodríguez y que lo censura a título de autor,
mientras que a los demás cabildantes Luis Fernando Carrillo Contreras y Janet
del Pilar Restrepo Pabón, a título de coautores.
llamada y yo la escuché”. Esta es la prueba
reina en este proceso disciplinario que la Procuraduría posee contra el
concejal Juan Carlos Olivella Rodríguez y que lo censura a título de autor,
mientras que a los demás cabildantes Luis Fernando Carrillo Contreras y Janet
del Pilar Restrepo Pabón, a título de coautores.
Dijo no acordarse en que día fue
grabada, pero que fue a final del año pasado; entre 8:30 a.m., a 9:00 a.m., “el
propósito era exigencia económica a cambio de la aprobación de un proyecto,
porque para toda La Guajira no es un secreto las malas relaciones que he tenido
con los concejales y no soy el puente para hacer ningún tipo de acuerdo”,
manifestó Gómez Ovalle.
grabada, pero que fue a final del año pasado; entre 8:30 a.m., a 9:00 a.m., “el
propósito era exigencia económica a cambio de la aprobación de un proyecto,
porque para toda La Guajira no es un secreto las malas relaciones que he tenido
con los concejales y no soy el puente para hacer ningún tipo de acuerdo”,
manifestó Gómez Ovalle.
En palabras castizas, la alcaldesa le explicó al Procurador la pregunta “Había una exigencia, había una letra firmada y muy claro es señor Procurador, plata por aprobación de proyecto, así de sencillo, así lo dice la grabación y así lo escuché yo”.
El abogado Guillermo Antonio Jaramillo Santa, quien defiende al concejal Juan Carlos Olivella Rodríguez, involucrado al parecer en la llamada telefónica, siempre trató de que la mandataria de los villanueveros cayera en error, pero ésta fue contundente en sus argumentaciones.
Igualmente, los concejales Luis Fernando Carrillo Contreras y Janet del Pilar Restrepo Pabón, le sugirieron al procurador que los excluyera del proceso disciplinario ya que ellos no son intervinientes, sólo sus nombres son mencionados, pero sin nada que les comprometa en la llamada telefónica. Estos cabildantes están siendo asistidos por el jurista Janner Pérez Brito.
Ramírez
Hincapié, también le solicitó a las empresas de telefonía celular
allegar al despacho las llamadas entrantes y salientes de las líneas
telefónicas de Juan Carlos Olivella Rodríguez y Luis Alfonso Maestre Brochero,
quien no asistió a la audiencia y quien podría ser multado por el Ministerio
Público con una cuantiosa suma de dinero por no haber acudido a testiguar lo
dicho por la burgomaestre de los villanueveros.
Hincapié, también le solicitó a las empresas de telefonía celular
allegar al despacho las llamadas entrantes y salientes de las líneas
telefónicas de Juan Carlos Olivella Rodríguez y Luis Alfonso Maestre Brochero,
quien no asistió a la audiencia y quien podría ser multado por el Ministerio
Público con una cuantiosa suma de dinero por no haber acudido a testiguar lo
dicho por la burgomaestre de los villanueveros.
Así lo precisa el artículo 139 del Código
Disciplinario Único “cuando un testigo citado sea un particular y se muestre renuente
a comparecer podrá imponérsele una multa hasta el equivalente a 50 salarios mínimos
diarios vigente a la época de la ocurrencia de los hechos, a favor del Tesoro
Nacional, al menos que justifique satisfactoriamente la no comparecencia,
dentro de los tres días siguiente a la fecha señalada para la declaración”.
